La inminente aprobación de la reforma al Poder Judicial en México representa una grave amenaza a la integridad y profesionalismo de nuestras instituciones. Esta reforma, impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, pretende que los magistrados y otros altos cargos del poder judicial sean elegidos por voto popular, en lugar de mediante procesos que garanticen la experiencia y la calidad moral necesarias para estos puestos.
La función de un magistrado no es una tarea que deba tomarse a la ligera. Se necesita una sólida trayectoria y una vasta experiencia en el campo del derecho para defender de manera efectiva los derechos de los ciudadanos y asegurar que la justicia prevalezca. Al proponer que estos cargos sean ocupados mediante elección popular, se pone en riesgo la independencia y la imparcialidad del poder judicial. Esto convierte un proceso que debería basarse en méritos y capacidades en un simple concurso de popularidad, politizando aún más nuestras instituciones.
No es la primera vez que López Obrador desmantela el prestigio y la profesionalización en México. Ya lo hizo con el magisterio, imponiendo una ideología específica en las aulas y desvalorizando el arduo trabajo de los maestros. Ahora, con esta reforma judicial, está claro que su objetivo es seguir socavando las carreras profesionales. ¿Qué sigue después? ¿Dirá AMLO que no se necesita una carrera para ser médico, abogado, maestro o veterinario? Parece que, para el presidente, la preparación y el conocimiento no valen nada frente a sus intereses políticos.
Esta reforma no solo es una bofetada a los profesionales que han dedicado años a formarse y a ejercer con excelencia, sino que también abre la puerta a la desprofesionalización de otras áreas críticas. Si permitimos que personas sin la debida formación ocupen puestos judiciales, ¿qué impide que en el futuro esto se aplique a otras profesiones? Estamos ante un peligroso precedente que podría erosionar los cimientos de nuestra sociedad.
Agustín Laje, en su libro “Generación de idiotas”, advierte sobre el peligro de un adoctrinamiento masivo a través de los medios de comunicación, que lleva a la gente a creer que no es necesario estudiar para ejercer una profesión. Esta visión, lamentablemente, parece estar encontrando eco en las políticas del actual gobierno, que con reformas como la del poder judicial, desvaloriza la educación y la preparación profesional. Estamos viendo cómo se destruyen las instituciones que deberían ser pilares de nuestra democracia, todo en nombre de un proyecto político que prioriza la lealtad sobre la competencia y la capacidad.
La reforma al poder judicial es una amenaza directa a la justicia y al estado de derecho en México. Los ciudadanos deben estar conscientes de los riesgos que implica esta propuesta y alzar la voz en defensa de la experiencia y la calidad moral en el ejercicio de funciones judiciales. No podemos permitir que se desmoronen los cimientos de nuestra sociedad por los caprichos de un presidente que desprecia la profesionalización y la excelencia. Es momento de defender nuestras instituciones y el futuro de nuestro país.
